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Boletín de prensa 31 de mayo de 2011
EL TIEMPO
POR TOMA A LAS DELICIAS, PIDEN INVESTIGAR A CÚPULA MILITAR DE 1996
Así lo señala el fallo, en el que el Consejo de Estado condena a la Nación por la toma guerrilla.
El alto tribunal indicó que compulsó copias para a la Fiscalía y la Procuraduría "para que se investigue disciplinaria y penalmente los actos u omisiones de los altos mandos militares para la época de los hechos" donde se vieron afectados militares en la base Las Delicias, en 1996.
Agrega que el Estado es responsable, por la omisión en la adopción de las medidas necesarias para prevenir que las Farc se tomaran la base de Las Delicias.
"Fue el Estado el que creó la situación objetiva de riesgo por la existencia de la Base Militar de Las Delicias en un ámbito espacial, de orden público y de posibilidades de defensa y protección limitada, sin que hubiera desplegado los deberes de salvamento, apoyo y protección suficiente al que estaba obligado por expresos mandatos constitucionales, como se señala en el deber de proteger el territorio y los ciudadanos frente a todo tipo de agresión interna o externa", cita la sentencia.
Ante estas declaraciones, el ex presidente Ernesto Samper, quien estaba en el poder cuando ocurrió la toma, consideró que el fallo pone en riesgo las operaciones militares.
Según el ex presidente, es “preocupante” considerar que fue el Estado el que creó la situación de riesgo.
“Es peligroso que aceptemos que la presencia de una base militar en cualquier región del país, en cumplimiento de unos objetivos militares, se pueda convertir en una situación de riesgo. Ese es el deber del Estado”, dijo Samper a la emisora Caracol Radio.
El ex mandatario consideró "muy grave" que “ahora todas las operaciones militares en el país sean sometidas a un escrutinio sobre si hubo o no omisiones, quién califica esas omisiones y hasta dónde pueden ser justificables”.
La decisión del Consejo de Estado
Quince años después del ataque de las Farc contra la base de Las Delicias, en Putumayo, el Consejo de Estado condenó a la Nación a indemnizar con 1.680 millones de pesos a tres de los 17 militares que resultaron heridos y a la familia de uno de los 31 muertos.
La toma se produjo el 30 de agosto de 1996 y fue la primera de una serie de grandes golpes de las Farc en la pasada década. La base, en La Tagua (Putumayo), fue arrasada por cerca de 2.000 subversivos del Bloque Sur.
En dos sentencias, el alto tribunal hizo responsable al Estado por los daños causados a Libardo Ibáñez Muñoz y a su familia, a Duverney Guzmán escudero y a su familia y a Libaniel Beltrán Figueroa y familia, "quienes debieron ser amparados como ciudadanos y como soldados en sus derechos fundamentales y humanos".
Ante el fallo del Consejo de Estado, el general Harold Bedoya Pizarro, comandante del Ejército para la época, justificó las operaciones que en esa zona se realizaron afirmando que las Fuerzas Militares (FF. MM.) disponían de recursos muy limitados en la mitad de la selva, pero que "lo mejor que había en armamento en ese momento lo tenían los soldados (...) Desafortunadamente no teníamos los aviones, lanchas y helicópteros" que hay hoy en día.
"Era un país en guerra y se hizo todo lo que se tuvo que hacer con las herramientas que había en ese momento", dijo el general Bedoya, quien agregó que "ya después vino el impuesto de guerra", recurso con el cual se logró obtener mejor material militar.
Según la sentencia, los altos mando militares "estaban llamados a evitar los riesgos, debilidades y fallas que se cometieron y que permitieron el ataque guerrillero". Por lo que también envió copias a la Fiscalía y a la Procuraduría para que investiguen penal y disciplinariamente a la cúpula de la época.
El Consejo de Estado cuestionó la falta de entrenamiento de los militares y la ausencia de una supervisión constante de las Fuerzas Armadas a las condiciones de la base.
"La existencia misma de la Base Militar de Las Delicias en una posición que no fue estudiada estratégicamente, ni valorada adecuadamente las vías de escape y de penetración, fue lo que llevó a que se produjera la incursión completa de las fuerzas irregulares al interior de esa guarnición", señala el fallo.
Los magistrados establecieron que hubo un retardo injustificado e insuficiente en el apoyo militar, "pese a que en las proximidades se contaba con la Base de Tres Esquinas, unidades fluviales desde Puerto Leguízamo y la base aérea de Apiay". Igualmente se encontraron fallas en el armamento para repeler un ataque.
"Teniendo en cuenta que en la zona operaban los grupos subversivos, constituía un hecho notorio la posibilidad de un ataque de los mismos, lo que representa una amenaza inminente, cierta e inevitable", agrega la sentencia.
En tanto, el presidente del Consejo de Estado, magistrado Mauricio Fajardo, explicó que el Estado tiene la posibilidad de iniciar una acción de repetición, para que el ministro de Defensa de la época sea el responsable de pagar la millonaria indemnización.
El ataque a la base militar de Las Delicias ocurrió durante la administración de Ernesto Samper Pizano, quien tuvo entre sus ministros de Defensa a Fernando Botero Zea -quien renunció por el escándalo del proceso 8.000-, Juan Carlos Esguerra y Gilberto Echeverri Mejía.
El argumento del Ejército para rechazar la demanda, según el cual para la época de los hechos las Fuerzas Militares tenían que atender múltiples acciones insurgentes en distintos lugares del país, no fue aceptado por el Consejo de Estado.
El alto tribunal ordenó al Ministerio de Defensa publicar las sentencias en el Diario Oficial y en medios de comunicación de circulación nacional, realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad, que deberá ser transmitido por el Canal Institucional y el Ministro de la Defensa debe hacer una declaración pública en la que anuncie medidas para corregir los fallos cometidos en esta base militar.
Los integrantes del secretariado de las Farc fueron condenados a 38 años y 9 meses de prisión al ser encontrados culpables de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, secuestro extorsivo y rebelión.
EL CONGRESO APROBÓ EL ESTATUTO DE SEGURIDAD CIUDADANA
Mejorar la seguridad en las ciudades es una de las metas del presidente Juan Manuel Santos.
Se vuelve delito disparar al aire, comercializar autopartes robadas y usar niños para delinquir.
El Estado quedó equipado con nuevas herramientas para hacerles frente a la delincuencia y a la inseguridad en las ciudades, uno de los grandes retos del presidente Juan Manuel Santos.
La nueva norma reforma los códigos Penal, de Procedimiento Penal y de Infancia y Adolescencia, e introduce nuevos tipo penales que les ayudarán a las autoridades a combatir varios de los principales delitos.
A partir de la norma, se amplían los términos para los procesos penales. La Fiscalía dispondrá de 90 días para formular una acusación; 45 días para la audiencia de acusación, y un máximo de 2 años para formular imputación de cargos o archivar el caso.
Adicionalmente, se reforma el sistema de jueces de garantías. Sin importar el sitio en el que se ha producido una captura, cualquier juez de garantías podrá oficializar esa detención, y en los municipios en donde no haya, estas funciones las pueden asumir los jueces ordinarios
Las interceptaciones de comunicaciones también son objeto de esta ley. Se podrán hacer siempre y cuando exista una orden de un fiscal en los casos en que haya "motivos razonablemente fundados".
De tales interceptaciones, según la ley, solamente se podrán incorporar a la investigación las que tengan que ver directamente con la irregularidad que se investigue.
El proyecto pasará a conciliación con el texto que se aprobó en Senado, y luego a sanción presidencial.
Esta iniciativa se constituye en una de las dos columnas que soportarán la política de seguridad de la administración Santos. La otra es la reforma al Código de Policía, que según ha admitido el propio ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, es la iniciativa gubernamental más "atrasada". Este proyecto solo ha pasado por el primero de cuatro debates.
El Estatuto de Seguridad era una de las prioridades del Gobierno en esta legislatura.
Entre 6 y 8 años por alterar celulares
La ley aprobada contempla prisión de entre 6 y 8 años a quien manipule, remarque o modifique los terminales móviles de los celulares.
Además, configura como delito la manipulación del 'Imei' (en español, Identidad Internacional de Equipo Móvil). Se trata del código que está pregrabado en todos los teléfonos celulares que identifica el aparato a nivel mundial y que es transmitido a la red satelital cuando se conecta a esta.
Medidas contra narcotráfico, uso de niños y grupos ilegales
Bienes ilícitos
Se pueden vender sin esperar proceso.
Inmediatamente sea extinguida la propiedad de un bien que se supone es de origen ilegal, el Estado lo podrá vender. Si el dueño del bien logra demostrar su inocencia, le entregarán el producto de la venta.
Se toman lícitos si se esconden los ilegales
Si no es posible ubicar los bienes de una persona investigada, porque estos han sido enajenados, destruidos, ocultados o permutados, el fiscal puede ordenar la apropiación de bienes lícitos del investigado.
Aumento de penas
Para porte ilegal de armas
Se penalizará con entre 9 y 12 años de cárcel el porte ilegal de armas y de municiones.
Por ayudar a ilegales
La financiación de grupos delincuenciales dará entre 13 y 22 años.
Por tráfico de estupefacientes
Hasta 30 años de prisión se dará a quien trafique drogas ilícitas. La pena mínima para este delito será de 10 años.
Hasta 8 años de cárcel para menores
En la parte de la ley que reforma el Código de Infancia y adolescencia, se aumenta la pena, hasta 8 años, para los menores que cometan homicidio doloso, secuestro extorsivo o agresión sexual. Pagarán su condena en centros de atención especializada y no podrán obtener la libertad a los 21 años, como ocurre ahora. Permanecerán recluidos hasta que paguen los ocho años que les han impuesto.
Allanamientos, las 24 horas
Siempre que haya una orden judicial, los allanamientos se podrán hacer las 24 horas del día y no solo de 6 de la mañana a 6 de la tarde, como es hoy.
Nuevos delitos
Disparar al aire. Dará entre 1 y 4 años de cárcel.
Usar niños. Habrá cárcel de entre 10 y 17 años para quien use a menores de edad para delinquir.
Comercializar autopartes robadas. Se penalizará con prisión de 4 a 12 años.
Comercializar medicamentos especiales. Comercializar drogas entregadas al Sistema de Seguridad Social dará prisión de 2 a 4 años.
TRÁMITE DE JUSTICIA Y PAZ, EN MIRA DE LA CORTE SUPREMA
Declaración de ex 'para' vincula a Javier Cáceres con beneficios para las Auc.
La aprobación de la Ley de Justicia y Paz, que hace seis años le dio piso jurídico a la negociación con los grupos paramilitares, acaba de entrar a la órbita de las investigaciones de la 'parapolítica'.
En la acusación contra el ex presidente del Congreso Javier Cáceres, la Corte Suprema de Justicia le da credibilidad a la versión de José del Carmen Gélvez Albarracín, ex 'para' del Bloque Norte, quien habló de al menos tres reuniones con varios congresistas para buscar que la norma fuera menos dura con los desmovilizados de las Auc.
Con esa declaración y la información contenida en los famosos computadores del ex jefe para 'don Antonio' -en los que se menciona al político de Bolívar- los magistrados dicen que hay "pruebas directas que vinculan a Javier Cáceres en el cumplimiento de actividades parlamentarias orientadas a beneficiar los intereses de la organización armada ilegal en un momento histórico en el que la sociedad colombiana buscaba fórmulas de reconciliación".
Hace dos meses, en la condena de Ciro Ramírez, la Corte sentenció que el político conservador no solo tuvo nexos con 'paras' y narcos, como alias 'Mi Sangre' y 'el Doctor', sino que intentó introducir en la Ley de Justicia y Paz elementos que beneficiaran a los jefes paramilitares.
El 'Canoso', que era ficha del jefe paramilitar Hernán Giraldo, pero que terminó trabajando para 'Jorge 40', dijo que él y alias 'Gonzalo' (Carlos Mario García) fueron al Congreso más de una vez entre el segundo semestre del 2004 y el primero del 2005, cuando se tramitó la norma.
Ex congresistas de la época le confirmaron a este diario que, en efecto, ellos sí visitaron varias oficinas de parlamentarios durante esa época.
Gélvez, que está en Justicia y Paz, dijo que 'Jorge 40' le ordenó que hiciera un acercamiento con "los amigos de las autodefensas en el Congreso" y que supuestamente lograron un contacto inicial con Cáceres y con el ex representante Miguel de la Espriella, condenado por 'parapolítica'.
En su defensa, Cáceres ha negado cualquier relación con los 'paras' y ha señalado incluso que, por su origen político (fue uno de los fundadores del Polo), fue víctima de persecuciones. También ha negado los señalamientos de los ex 'paras' -quien más lo compromete es 'Juancho Dique'- y sobre los PC de 'don Antonio', asegura que no hay prueba de que realmente lo dicho allí sea cierto.
El expediente de la Corte menciona tres supuestas reuniones, en uno de los restaurantes del Hotel Tequendama en Bogotá y en dos del Parque de la 93.
En la lista de supuestos asistentes estarían Cáceres, De la Espriella, Álvaro 'el Gordo' García, Julio Manzur y Zulema Jattin. Según dijo el ex Auc, se cuestionó "por qué no se negociaba una ley de perdón y olvido" y él mismo propuso penas alternativas en colonias agrícolas.
La Fiscalía busca los soportes de pago de alquiler de salones en un reconocido hotel del norte de Bogotá que habría sido pagado por Gélvez y donde 'Gonzalo' hizo más reuniones sobre la ley.
El ex Auc dice que 'Gonzalo' le confirmó que, ya para las elecciones del 2006, Javier Cáceres recibió votos en su zona de influencia a cambio de ese apoyo.
La Corte verificó la votación de Cáceres en Soledad (Atlántico), donde 'Gonzalo' tenía mando, y considera que su votación sí se habría acrecentado por influencia de las Auc.
En la acusación, la Corte dice que al menos desde 1998 Cáceres, que entonces era diputado de Bolívar, se movía políticamente en zonas controladas por los 'paras' y habla de una reunión secreta en Ralito, que fue mencionada por Gélvez y corroborada por 'Ernesto Báez'.
"Los municipios donde tradicionalmente ha sido fuerte Cáceres Leal también son aquellos en donde desde finales de la década de los 90 hicieron presencia las organizaciones armadas ilegales e incidieron, con el poder de las armas, en los procesos electorales", dice la acusación.
HABLA ABOGADA CONOCIDA POR SACAR ADELANTE DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO
Una década de labor cumplen Mónica Roa y la organización Women's Link Worldwide.
"No voy a aceptar que vengan las faldas a cambiar el articulado", dijo un representante del Partido de la U, en ataque a la canciller de la República, María Ángela Holguín.
"Vamos a prohibir el uso de la minifalda para evitar embarazos", dijo un alcalde mexicano.
"Las mujeres deben evitar vestirse como putas para no ser víctimas de la violencia sexual", dijo un policía en Canadá.
Las tres frases, pronunciadas apenas la semana pasada, prueban que todavía hay mucho por hacer en el mundo actual frente al machismo. De hecho, la abogada Mónica Roa, conocida por haber sacado adelante la sentencia de despenalización del aborto en casos determinados, y el grupo de abogadas de la organización internacional Women's Link Worldwide están cumpliendo 10 años de trabajo en este campo y, a pesar de los logros, la tarea es larga.
Cuál es la esencia de la pelea por el control del cuerpo de la mujer?
a mujer puede votar, trabajar y participar en política, pero no se ha logrado reivindicar que sea ella quien toma las decisiones sobre su cuerpo. En el gobierno de Alberto Fujimori, en Perú, se hicieron esterilizaciones forzosas. En las redes de esclavitud sexual son los traficantes quienes deciden qué y cuánto hace la mujer. Y en los conflictos, su cuerpo es un territorio de guerra. El poder reproductivo de la mujer hace que este se convierta en un sitio poderoso que el enemigo busca atacar.
¿Cuál ha sido el gran logro de Women's Link Worldwide en la última década?
La gente está empezando a preguntarse cómo mueren las mujeres y se está viendo que no es en la guerra, sino a manos de sus parejas, por falta de acceso a la salud y por causa de un aborto inseguro. También que, cuando son víctimas de tortura, siempre reciben violencia sexual, que en la mayoría de los países tiene una pena menor que la de la tortura. Por eso, en tribunales penales internacionales (ex Yugoslavia y Ruanda) se dieron las primeras condenas de violación como tortura y como genocidio. Y la Corte Interamericana de DD. HH. tomó una decisión sin antecedentes en el caso de los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez (México), que implica que los jueces deben considerar el contexto discriminatorio en el que se dan los crímenes contra la mujer, en vez de asumirlo como un hechos aislado.
Un Objetivo del Milenio es reducir la mortalidad materna. ¿Cuál es su balance?
No se ha cumplido, a pesar del avance. Pero el que se busque reducir es un indicador de que la mujer es un agente del desarrollo de una sociedad. Mujeres que se mueren por un aborto clandestino dejan hijos huérfanos; por eso, el Comité de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas apoya el aborto en los mismos casos que en Colombia: cree que el bienestar de los niños depende del de sus mamás.
¿En qué han cambiado las estrategias del feminismo?
Las estrategias tienen que ser más sofisticadas, como usar el derecho y el sistema legal como una herramienta que debe hacerse valer y que no es automática.
En 10 años, ¿qué logros han tenido?
En Haití, ante la crisis de violencia sexual después del terremoto, trabajamos con la Comisión Interamericana de DD. HH. para proteger a las víctimas de violación (con la anticoncepción de emergencia) y para evitar más casos. En España, demostramos que las mujeres no son parte de la red de trata, sino que son las víctimas. En Uganda y Kenia (África), donde el VIH es un problema mayor, nos invitaron a entrenarlos en derechos sexuales y reproductivos. La Corte Suprema de México nos contrató para dar charlas sobre género y justicia a funcionarios de la rama judicial.
En Marruecos quieren nuestra asesoría para hacer el primer observatorio de género y justicia en árabe. En Argentina, hemos ayudado a médicos que quieren saber cómo informar sobre abortos seguros e inseguros y en Guatemala trabajamos con los abogados que llevan el caso del genocidio de este país, para que incorporen lo sucedido con las mujeres.
Mientras en el mundo Cristina Villarreal es reconocida como una de las personas que más contribuyen a reducir la mortalidad femenina, en Colombia hay quienes ven a Oriéntame como un 'abortadero'...
Colombia se convirtió en referente obligado y líder en el tema del aborto, gracias al trabajo de Profamilia y de Cristina Villarreal, a través de Oriéntame (véase recuadro). Quieren saber qué pasó aquí.
¿Cómo ve que se busque desmontar la sentencia sobre el aborto?
Ojalá no lleguemos a lo de El Salvador, donde el aborto terapéutico existía, luego se eliminó con una reforma constitucional y las mujeres están siendo encarceladas; ya se dieron cuenta de que no es la solución. Aquí no se discute si hay vida desde la concepción o si el feto es vida humana. Sí lo es. La pregunta es: ¿cuál es la protección jurídica que le vamos a dar a un ser humano en estado embrionario o fetal, cuando los derechos de la mujer están en riesgo? Ahí, el derecho puede ofrecer una respuesta. Existen figuras como la legítima defensa. Sería una aplicación similar de ese concepto. A veces tengo derecho de hacer cosas que no haría en otro contexto, de no ser porque debo protegerme.
¿Cuál sería el siguiente paso?
Mostrar que los derechos sexuales y reproductivos no son sinónimo de aborto, sino un concepto más amplio: usted puede usar un condón o pedirle a su EPS una pastilla anticonceptiva porque existen estos derechos; el viagra hace parte de ellos y la atención prenatal también. Estar en su contra es abrirse al riesgo del sida, de infecciones y de muchos embarazos.
¿Qué define a aquellos que se oponen a estos derechos?
Son los mismos que rechazan el uso de anticonceptivos y la educación sexual. Ojalá el aborto no existiera, pero la manera para evitarlo es la prevención, y esto se logra con educación sexual o con acceso a anticonceptivos. Pero si estamos en contra del condón y no queremos que se enseñe educación sexual en los colegios, no nos sorprendamos de que haya muchas niñas embarazadas que quieran abortar. Democracia no es solo el gobierno de las mayorías, sino de mayorías que respetan el que las minorías no puedan resignarse a lo que la mayoría decide. El concepto de derechos humanos es, por esencia, contramayoritario.
Reconocimiento
La labor de salvar mujeres
La psicóloga Cristina Villarreal, directora de la Fundación Oriéntame, fue elegida por Women Deliver (USA) como una de las 100 personas en el mundo que más han contribuido a reducir la mortalidad femenina. En el planeta mueren 350.000 mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto (casi mil al día). Todas son muertes evitables. Luego de 33 años de trabajo, Villarreal ha comprobado que "el embarazo, aunque siempre se había visto como un evento feliz, en realidad no lo era del todo. De hecho, la mitad de ellos no lo es", explica, y dice que a pesar de que hay una sentencia judicial que permite el aborto legal en tres casos, en Colombia solo se han practicado unos 650 desde el 2006, pero se siguen realizando ilegalmente entre 250.000 y 450.000 al año.
"Esto pasa porque existe un sistema judicial que condena a las mujeres que buscan practicárselo y necesitan de su apoyo, y hay una comprensión limitada de la sentencia de lo que representa el riesgo de muerte de la madre".
EL ESPECTADOR
CARRUSEL DE CONTRATOS DE BOGOTÁ
Niegan nueva tutela que buscaba anular proceso disciplinario a Iván Moreno
Pese a la negativa del senador de hacer parte del proceso, el procurador Ordóñez reanudó la audiencia de juicio disciplinario.
El suspendido senador Iván Moreno Rojas perdió una nueva batalla jurídica en contra del procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, luego de que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá le hubiera negado la tutela a través de la cual buscaba que se decretara la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso disciplinario que se adelanta en su contra por el carrusel de la contratación distrital.
La Sala Disciplinaria consideró que no era de recibo, como lo alegaba el accionante, queel parlamentario del Polo Democrático Alternativo no hubiera tenido la oportunidad de defenderse técnica y materialmente en debida forma, toda vez que en la instalación de la audiencia el Ministerio Público concedió esa posibilidad al disciplinable.
Entre tanto, el investigado declaró públicamente su intención de no hacer parte del proceso, al dirigirle una acta al jefe del ente de control en la que le señala que no tiene la intención de integrar el juicio disciplinario.
La Procuraduría retomó el proceso este martes, al reiterar las motivaciones que llevaron a la apertura del expediente, cual es la presunta exigencia de comisiones por parte de Moreno Rojas a los empresarios Nule, a cambio de garantizarles un trato preferencial como contratistas del Distrito.
Aparentemente, estaba interesado en la cesión exclusiva del manejo de ciertas áreas ubicadas en la ruta Girardot – Bogotá, que serían administradas por su esposa Lucy, inmersa en negocios relacionados con la comercialización de gasolina.
Según la investigación, el suspendido senador y los confesos autores de este millonario peculado se reunieron en un establecimiento público de Miami, Estados Unidos, en el primero les planteó este requerimiento, para favorecerlos en la concesión del mantenimiento de la malla vial de Bogotá.
Además, dicen los exempresarios, el dirigente les solicitó una participación del 6 % del valor total del contrato de la Fase Tres de Transmilenio, a fin de hacer uso de su capacidad de influencia en el Distrito, acto este que tendría por finalidad garantizar la concesión en su favor.
En seciones que han superado las 12 horas de duración, el abogado Jaime Araújo Rentería ha intentado desvirtuar la veracidad de estos señalamientos, aduciendo que se trata de la materialización de una estrategia de guerra política surgida en el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, para enlodar a los contradictores del Gobierno Nacional.
FISCAL PIDE MANO DURA POR DILACIÓN EN CASOS CONTRA MILITARES
Pidió a la Judicatura que intervenga para evitar que se promuevan nuevas paras en procesos como el de los niños de Tame, Aruaca, y falsos positivos.
Que intervenga para evitar que se sigan dilatando los procesos contra militares sospechosos de violar los derechos humanos, pidió la fiscal General de la Nación, Vivianne Morales al Consejo Superior de la Judicatura.
En carta dirigida al presidente de la colegiatura, Angelino Lizcano, documentó casos emblemáticos en los que se ha propiciado el inmovilismo de la justicia, como el de la violación y asesinato de niños en Tame, Arauca, y las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes de Soacha, Cundinamarca, denominadas en Colombia, como ‘falsos positivos’.
La jefe del ente acusador solicitó que se desplieguen acciones para promover que los jueces de cada caso los diriman con celeridad y eviten que los defensores de los uniformados logren mantener en el limbo los procesos penales, renunciando sucesivamente a sus poderes y tratando de casar conflictos de competencias que llevan a que se prolonguen los tiempos judiciales.
“Una falta de voluntad de las autoridades nacionales para la pronta y cumplida administración de justicia”, es la condición que podría observar la opinión pública ante este tipo de actuaciones por parte de los abogados, sin que los operadores jurídicos hayan puesto algún tipo de freno.
Fiscalía, Contraloría y Procuraduría tendrán más facultades
CÁMARA APROBÓ TEXTO DE CONCILIACIÓN DEL ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN
La norma prohíbe a quienes financien campañas políticas ser contratistas del Estado.
La plenaria del Senado en el Congreso de la República.
Por unanimidad la Plenaria de Cámara de Representantes aprobó el texto de conciliación del proyecto de ley por medio del cual se adopta el Estatuto Anticorrupción, el cual incorpora herramientas para que el Estado enfrente este fenómeno.
El proyecto de ley del Estatuto Anticorrupción dota a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Procuraduría, de nuevos instrumentos no solo para combatir la corrupción, sino para adelantar de manera expedita los procesos.
Esta semana también será conciliado el texto en Plenaria de Senado, dándole paso a la sanción presidencial.
Principales aspectos aprobados en el Estatuto Anticorrupción
1. Genera un estricto régimen para evitar la “puerta giratoria” entre el sector público y el privado.
2. Prohíbe a quienes financien campañas políticas ser contratistas del Estado, por el período para el cual haya sido elegido el respectivo candidato.
3. Se dota el Presidente de la República de la posibilidad de nombrar directamente a los responsables de las oficinas de control interno en las entidades nacionales dotando a estos funcionarios de una mayor eficacia.
4. Se establecen importantes medidas administrativas y penales para proteger los recursos del sector salud. En ese sentido, por ejemplo, se crea un sistema de información para el reporte de eventos sospechosos de corrupción y se establecen tipos penales severos como la estafa sobre recursos del sector salud; la especulación y el agiotaje de medicamentos; la omisión de control en este sector; el peculado por aplicación diferente frente a recursos de la salud, entre otros.
5. Se crean nuevos tipos penales para combatir la corrupción en el sector privado y se endurecen las penas en varios de los delitos contra la administración pública. A su turno, se excluye a quienes hayan sido condenados por delitos de corrupción de beneficios como la casa por cárcel.
MENORES DELINCUENTES PAGARÁN TOTALIDAD DE SUS PENAS
Así lo acordaron el Gobierno y la bancada en el proyecto de Seguridad Ciudadana que fue votado este lunes en la Cámara en último debate.
Delitos de menores de edad
El Gobierno Nacional y su bancada legislativa afinaron este lunes las sanciones para los menores de edad que son delincuentes, al amparo del Código de Seguridad y Convivencia, que pasó a conciliación en el legislativo.
Tras un acuerdo, se logró que el régimen de responsabilidad de adolescentes ahora sea más severo, toda vez que el proyecto, aprobado en último debate en la Cámara, aumenta las sanciones y garantiza que éstas se cumplan en su totalidad.
El ponente del proyecto en la Cámara, el representante Alfredo Deluque, dijo que ahora la condición será que los menores tengan que continuar en los centros de resocialización a pesar de haber cumplido más de 21 años. Actualmente, los menores delincuentes, al cumplir esa edad, pueden salir de los lugares donde cumplen sus penas. “La condición es que continuarán en esos penales, así cumplan los 21 años”, explicó el legislador.
Sin embargo, no aumentará la pena máxima para los menores que delinquen. La idea inicial de la Cámara era pasar de ocho a diez años esa pena máxima pero se decidió mantenerla estable.
Los delitos a castigar: secuestro, homicidio, extorsión, delitos sexuales.“En Colombia no podemos seguir teniendo sicarios de 16 y 17 años sin pagar condenas”, aseguró el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras.
21 DE MAYO Y LEY DE VÍCTIMAS
Por: Jaime Arocha
La aprobación de la ley de víc-timas coincidió con eventos conmemorativos del Día de la Afrocolombianidad que revelan obstáculos para su aplicación.
El 3 de mayo el Programa de Justicia Global y Derechos Humanos llevó a cabo el Foro Minería y Derechos Humanos, dentro del cual se presentó el caso de los mineros tradicionales de La Toma en Suárez, zona plana del norte del Cauca. No obstante el que hubieran sido favorecidos por un fallo de la Corte Constitucional, el Proceso de Comunidades Negras emite alarmas por una de las reacciones que han desarrollado los mineros ilegales, consistente en la rápida movilización de sus retroexcavadoras. Dos de las que fueron obligadas a salir de Suárez, hoy están en la desembocadura de la quebrada El Tatabro y junto con otras 5 violan el territorio del Consejo Comunitario Mayor del Río Anchicayá. El experimento ya lo habían aplicado en la mina Zaragoza sobre el río Dagua, cerca de Buenaventura, cuyas retros fueron a parar al río Timbiquí, donde además de la destrucción del medio, la población ancestral tiene que enfrentar la violencia que lubrica esa economía ilícita.
El racismo es otra limitación. El 18 de mayo, dentro del II Foro Internacional Afrocolombiano, el escritor costarricense Quince Duncan enumeró las descalificaciones de la gente negra sistemáticamente expuestas por Kant y Hume, entre otros intelectuales europeos que dominan una formación universitaria coadyuvante en la perpetuación del racismo. Éste, a su vez, figuró en el foro de Cali sobre “Políticas innovadoras de inclusión social”, celebrado el 20 de mayo, debido a la intervención del economista brasileño Marcelo Paixao sobre sus efectos en la deficiencia de la prestación de servicios estatales para los afrodescendientes.
A los tres días, el país se estremecía por otra de sus manifestaciones: las Farc utilizaban a 200 pobladores del río Neguá como escudos humanos, estrategia que hace parte del confinamiento armado que la misma guerrilla aplica, según las denuncias que desde el 23 de noviembre de 2010 hacen el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, la Diócesis de Quibdó y el Foro Interétnico Solidaridad Chocó para que el gobierno intervenga en crisis humanitaria que viven los afroatrateños.
Y en Bahía Solano, al Consejo Comunitario de Los Delfines lo critican por haber renunciado a la salvaguardia de 70% del territorio bajo su jurisdicción a cambio del 10% del valor de la madera fina que la canadiense Prima Colombia Hardwood extraerá en los próximos 15 años. Para Molano, muchos “[…] Consejos Comunitarios se han vuelto una vía legal para [explotar] madera, oro, petróleo a cambio de miserables dádivas”.
Esas dádivas pueden no ser tan miserables si se tiene en cuenta que la ley 70 de 1993 no les reconoció a los Consejos Comunitarios de comunidades negras las autonomías políticas y presupuestales que la reforma constitucional de 1991 sí especificó para los cabildos y resguardos de los pueblos indígenas. En este lapso poco se ha hecho para corregir esta asimetría del ordenamiento constitucional que sin duda nace del racismo estructural y también afectará la aplicación de la Ley de Víctimas.
SALUD: CORRUPCIÓN, AMBICIÓN Y SOLUCIONES
Por: César Rodríguez Garavito
En hora buena, el gobierno, la Fiscalía y la Contraloría le metieron diente a la manzana podrida de la salud. Pero apenas le han dado un tímido mordisco. Porque las razones de la quiebra van más allá de la corrupción de unos cuantos funcionarios de rango medio cogidos con las manos en la masa, o la ambición de unos empresarios indiscretos como los de Saludcoop, que hicieron fiesta con la plata de la salud a la vista de todos.
Si las entidades estatales quieren llegar al fondo del asunto y solucionar la crisis, deben hacerse dos preguntas: ¿quién más sacó partido del desorden del sistema de salud? y ¿qué reglas y autoridades crearon el desorden? Sin respuestas completas, el Gobierno corre el riesgo de repetir los errores del pasado. Y la Fiscalía y la Contraloría se quedarían sin definir cuánto de la crisis se debe a la corrupción, y cuánto a conductas (legales pero reprochables) de quienes explotaron la falta de regulación.
La historia integral ha sido contada por entidades como la Federación Médica Colombiana (FMC), que llevaban años denunciando los abusos. Basta consultar los boletines virtuales del Observatorio del Medicamento de la FMC, que hacen un recuento minucioso de las preguntas por resolver y las soluciones por intentar.
La primera duda es si Saludcoop es sólo una entre muchas EPS que sacaron partido del sistema. Por ejemplo, la FMC ha mostrado que más de 30 EPS le cobraron al Estado (Fosyga) medicamentos antihemofílicos que estaban incluidos en el POS y que, por tanto, las EPS debían cubrir. La FMC calcula que el costo de semejante operación es cerca de $30.000 millones, que terminaremos pagando todos con nuestros impuestos, a menos que el Superintendente de Salud cumpla con el anuncio de hacer que las EPS devuelvan la plata.
También habrá que aclarar el rol de las farmacéuticas y de los precios que cobraron por sus medicamentos, muy por encima de los internacionales. Por ejemplo, en el caso de una popular droga contra la artritis reumatoidea y otras dolencias, la FMC ha calculado que las ganancias de la compañía que la produce, “por simples sobreprecios, entre 2008 y 2010, superan los 143.000 millones”, es decir, “54.000 millones más de lo necesario para cubrir el déficit presupuestal de los hospitales de Bogotá”. En muchos otros casos, los recobros fueron hechos a precios astronómicos, mediante una cadena de farmacéuticas, intermediarios y EPS que hay que esclarecer.
¿Qué reglas y autoridades hicieron esto posible? En el tema de los medicamentos, la respuesta está en la decisión del gobierno anterior de liberar los precios en 2006. Los precios se dispararon hasta tal punto que el exministro Palacio reconoció su garrafal error hacia el final de su gestión, y anunció “mecanismos adicionales para evitar abusos", que nunca llegaron.
Este fue el escenario que heredó el gobierno Santos. Ha hecho avances fundamentales, como el impulso a la ley que racionaliza el uso de la tutela y la actualización del POS. Pero se le ve indeciso en asuntos clave, y tímido para regular algunos temas que tocan poderosos intereses.
En cuanto a los medicamentos, acertó al poner precios límite de recobro a algunos de los más solicitados. Pero los fijó en niveles que siguen por encima de los precios internacionales. Además, tiene pendiente desmontar la desregulación de precios que heredó del gobierno anterior.
La tarea mayor y más urgente es fortalecer la Superintendencia de Salud y los demás mecanismos de inspección, vigilancia y regulación. Como lo ha señalado el propio ministro Santamaría, y lo había documentado un estudio de la Procuraduría y Dejusticia, éste ha sido el talón de Aquiles del sistema de competencia regulada de la Ley 100.
De ello dependerá que no se repita la historia de los últimos años. Y que tengamos, al fin, un sistema de salud equitativo, eficiente y pulcro.
TOLERAR A NICOLÁS URIBE
Por: Daniel Pacheco
Tomemos la columna de Nicolás Uribe como una propuesta a dar un debate honesto sobre temas claves y controversiales como la homosexualidad, el aborto y las drogas.
Él se queja de la intolerancia de algunos “progresistas” hacia los valores que él defiende: la sobriedad, la familia y la vida. Una intolerancia, dice, con “intención totalitaria de pretender castigar, ridiculizar o estigmatizar a quienes opinen lo contrario”.
Esto es grave. Desde cualquier perspectiva (objetiva, subjetiva) está mal que en una democracia alguien sea castigado o estigmatizado por defender la penalización del aborto, el matrimonio gay o el consumo de drogas. Así no es posible un debate. No soy abogado, entonces lo digo con cautela, pero incluso me parece ilegal que esto esté sucediendo. Si el exrepresentante Uribe hace público quién ha sido castigado, seré el primero en unir mi voz de rechazo frente a semejante extralimitación de la autoridad.
Mientras tanto le propongo a Uribe que nos concentremos en el debate en sí y no tanto en las cosas que lo obstruyen. Vayamos más allá de los ataques personales, de lado y lado, y de la ridiculización del otro.
Primero sería bueno aclarar lo que no está en discusión. La controversia no es acerca del derecho a defender valores absolutos, como la familia heterosexual, la vida prenatal o los estados de conciencia no alterados. Ni siquiera se trata de argumentar que a estas personas les deben parecer aceptables o deseables esos tipos de comportamientos.
Lo que está en discusión es la forma como el Estado regula esos actos, sobre la base de los deberes y derechos de los ciudadanos. La posición que defiende Uribe es que los comportamientos mencionados arriba no son derechos y, por lo tanto, son intolerables. Por eso se justifica que el Estado ejerza su autoridad para impedirlos, incluso usando la coerción.
Visto así, resulta que la posición de Uribe es la que es por principio intolerante. Pone sus creencias como molde del comportamiento de los demás y asume que cualquier desviación es inaceptable y debe ser reprimida por el Estado. Piensa, por ejemplo, que el aborto es absolutamente malo y quiere prohibirlo para todas las mujeres, incluyendo a las que no comparten esa creencia.
Del lado opuesto, la posición de los progresistas es que hay ciertas decisiones sobre las cuales ninguna autoridad puede imponer su molde. En ese ámbito de la libertad individual, en el que sólo caben comportamientos muy específicos, el Estado tiene el deber de respetar las decisiones de los individuos.
La posición progresista es por naturaleza tolerante. De las creencias religiosas absolutisas, de los actos privados, y de las decisiones sobre el cuerpo de uno mismo, incluso si son autodestructivas.
La discusión es entonces sobre el límite de lo tolerable para el Estado. Habría que determinar caso por caso si el aborto, el matrimonio LGBT y el uso de drogas son derechos, por ejemplo.
Este es un reto concreto, al que ojalá se una Nicolás Uribe con sus argumentos.
EL NUEVO SIGLO
REGALÍAS: INCONFORMISMO CON LA REFORMA HASTA EL FINAL
No baja la temperatura en el trámite de esta enmienda constitucional.
A LA reforma a las regalías le faltan dos debates. El séptimo será hoy en la Comisión Primera de la Cámara, donde persisten prácticamente incólumes las posiciones favorables y negativas que surgieron desde el 7 de agosto del año pasado cuando el presidente Juan Manuel Santos anunció la iniciativa.
Se trata del proyecto de Acto Legislativo 123 de 2010 Cámara – 13 de 2010 Senado, “por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y compensaciones”.
El representante boyacense Gustavo Hernán Puentes, del Partido Conservador, es el coordinador de ponentes.
El legislador, tras presentar el historial y el pliego de modificaciones, en la ponencia mayoritaria sostuvo que la iniciativa que propone votar favorablemente es el resultado de “un productivo proceso de concertación con el Gobierno Nacional que culminó en un acuerdo sobre los principios fundantes de la reforma que nos ocupa, los cuales se plasmaron en los respectivos informes de ponencia sometidos a consideración” del Congreso.
Dentro del grupo, el representante santandereano Jorge Eliécer Gómez, del Partido Liberal, lideró una disidencia que radicó una ponencia alternativa, firmada también por el llanero Hugo Orlando Velásquez, liberal, y el casanareño José Rodolfo Pérez, de Alternativa Liberal.
Los congresistas consideraron que “el texto aprobado por el Senado de la República contiene excesivas reglamentaciones que en cualquier contexto de Derecho Constitucional, no corresponden a lo que debe ser la Constitución como norma fundamental” y expresaron que “incorporar al texto constitucional temas tales como unos porcentajes, que siempre serán relativos e inciertos, pues se estiman sobre una bonanza esperada; incluir igualmente procedimientos y otros temas que deberían ir en la ley, no es más que inflexibilizar la Constitución”.
En consecuencia, propusieron “volver al texto aprobado en la Cámara de Representantes, que con el apoyo en su momento del ministro de Hacienda difería los porcentajes a la ley reglamentaria, que además sería de iniciativa del Gobierno”.
Inconformismo regional
Inconformes por el proyecto, la semana pasada varios municipios petroleros y mineros bloquearon vías y el transporte público.
En Casanare y en los Llanos Orientales, cientos de manifestantes atravesaron barricadas y dejaron sin transporte a pobladores que quisieron dirigirse a Villavicencio, Yopal, Sogamoso y Arauca.
Varios vehículos de pasajeros y de carga, con petróleo y alimentos, y carros particulares, fueron apostados a lado y lado de estas vías.
Congresistas
La senadora llanera Maritza Martínez, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), manifestó su incondicional apoyo a la jornada de protesta y se identificó con la profunda preocupación que tienen las comunidades de estas regiones por el grave riesgo que existe para la continuidad de importantes proyectos sociales financiados con recursos provenientes de las regalías petroleras.
También el representante Pérez, así como su colega y coterráneo Camilo Andrés Abril, de Cambio Radical, se unieron a las manifestaciones, porque, argumentaron, el Gobierno ha incumplido todos los acuerdos previos que se hicieron para no lesionar los intereses de estas regiones productoras de hidrocarburos y minerales.
Los manifestantes, que bloquearon carreteras con troncos de árboles y piedras, extendieron carteles en los que se leía “no nos quiten las regalías”.
“De ser aprobado el proyecto”, anotó el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, “vastas regiones del país se verían privadas del manejo de las regalías, que quedaría centralizado para atender los gastos del Gobierno Nacional, abrumado por un creciente déficit fiscal”.
En Guajira, líderes sindicales, culturales, cívicos, políticos y autoridades tradicionales Wayuú convocaron un paro cívico para llamar la atención del Gobierno central y el Congreso y sentar su voz de protesta. De aprobarse la iniciativa, Guajira pasaría a recibir solo 72 mil millones de pesos de los 400 mil millones que percibe al año por ese concepto.
“Nosotros vemos en el Acto Legislativo que el Gobierno central quiere aprobar en el Congreso una política injusta con la Guajira”, afirmó Manuel Sierra, uno de los organizadores del paro, quien confirmó que no habrá transporte, colegios ni comercio y habrá bloqueos en 22 puntos en 13 municipios de los 16 del departamento.
Sierra informó que el principal bloqueo será en la intersección de la Troncal del Caribe con la línea férrea que conduce el carbón del Cerrejón hasta el puerto, tramo que también hace parte del Pacto Andino.
El Ministro
Según el ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, Senadores y Representantes han enriquecido la iniciativa, que favorecerá a los más necesitados, sosteniendo que las regalías serán, a partir de la reforma, sistemas equitativos que no afectarán a las regiones productoras de Colombia.
También la semana pasada, el funcionario explicó en Cali que se creará un fondo de compensación y otro de desarrollo regional, con el propósito de buscar el beneficio de todos los colombianos; al mismo tiempo, recordó que el país contará con 9,5 billones de pesos en regalías, que empezarán a ser distribuidos el primero de enero del 2012.
El ministro Echeverry presidió una mesa de trabajo que definirá el marco de inversión de las regalías en los departamentos de Chocó, Valle, Cauca y Nariño.
Colombia, el cuarto productor latinoamericano de petróleo y el quinto mundial de carbón, vive un auge de la exploración y explotación de esos recursos, por mejores condiciones de seguridad ante un repliegue de la guerrilla por una ofensiva gubernamental.
DEFIENDEN FALLO DE CORTE SOBRE GRANAHORRAR
La sentencia de la Corte Constitucional que dejó sin efectos un fallo sobre la intervención de la desaparecida Granahorrar, fue defendida por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras y la Superintendencia Financiera.
Señalan las dos entidades que “la sentencia evidencia que las medidas tomadas por las autoridades en relación con Granahorrar, no sólo se ajustaron estrictamente a la Ley, sino que fueron adecuadas y proporcionales a la grave situación de cesación de pagos y quebranto patrimonial que se debía conjurar.
Gracias a su oportuna implementación se evitaron efectos potencialmente nocivos a los ahorradores y al buen funcionamiento del sistema financiero”.
Indican Fogafin y la Superfinanciera que el fallo “preserva la integridad del modelo legal de protección que el Estado Colombiano ha establecido en orden a la confianza pública en el sistema financiero, y que ha mostrado ser idóneo y eficaz para hacerle frente a crisis financieras”.
Señalan que la decisión de la Corte Constitucional despeja cualquier duda sobre las facultades de la Superintendencia y Fogafin para utilizar medidas de emergencia sin incurrir en riesgos jurídicos.
Argumentan en su justificación que “el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera y Fogafin, no ahorró argumentos jurídicos ni esfuerzos en su lucha por defender los legítimos intereses del Estado y de los ahorradores. La Justicia le dio la razón
PREJUICIOS Y PERJUICIOS
Por HUGO QUINTERO BERNATE
“El tema de la discriminación en el país no es nuevo”
UNA reciente sentencia de la Corte Constitucional actualizó en los medios de comunicación el tema de la discriminación racial en el país, pues una niña cartagenera, prestigiosa funcionaria del Ministerio del Interior, tuvo que acudir, otra vez, a la acción de tutela para hacer valer sus derechos.
En esta ocasión el destinatario de la tutela fue un juez de la República que declaró caducada la oportunidad para que ella adelantara el incidente de perjuicios que había dispuesto la primera sentencia de tutela en la que se condenó a los establecimientos de comercio “La Carbonera Ltda.” y “QKA-YITO” de Cartagena de Indias a pagar perjuicios por el daño moral causado a la señorita por un acto de discriminación racial.
El fallo de la Corte permitirá condenar a esos negocios en lo que más les duele: al pago de perjuicios económicos, que a buen seguro se los fijarán en el máximo posible.
El tema de la discriminación en el país no es nuevo, pero sí lo son las sentencias judiciales que la reconocen e incluso disponen que los responsables paguen por ello. Es obvio que la visualización de asuntos de esa categoría es una consecuencia directa de la Constitución de 1991 y de la acción de tutela. Debe ser por eso que una y otra tienen tantos enemigos en la derecha cavernaria.
Sin embargo, lo más claro que aparece en ese tipo de acciones judiciales por discriminación es que la misma ocurre, en la mayor de las veces por razones económicas. Adosada a esa causa es que van los prejuicios parroquiales que asocian el color de una piel, el acento de una región, la “pinta”, el amaneramiento, la vestimenta o hasta la forma de expresarse a la pobreza. De modo que es por falta de recursos económicos que se discrimina a la mayoría de la gente, aquí y en Cafarnaum.
Supongo que entre todos los colombianos que se sienten discriminados en EE.UU., no está don Julio Mario que vive en Nueva York y es tan colombiano como todos, pero a su pasaporte se le nota más el verde de los dólares, que el vinotinto de la nacionalidad. Y tampoco parece muy fácil encontrar entre todos los árabes discriminados en Inglaterra a don Mohamed Al Fayed, otrora dueño del muy londinense Harrods. Ni el uno, por colombiano, ni el otro, por árabe, son rechazados en tanto uno y otro son multimillonarios.
La mayor discriminación, aquí y en cualquier lugar del mundo, es la pobreza. Es en la miseria donde se abona la ignorancia de los miles de porteros negros que hay en todas las discotecas del mundo, siguiendo al pie de la letra la orden de sus patronos de no dejar pasar a sus hermanos de raza.
Esa es la misma ignorancia que jamás castiga en las urnas a los políticos de todos los pelambres que se roban las instituciones sin respetar razones de sexo, raza, lengua, religión u opinión política.
REVISTA SEMANA
"LOS DAÑOS FUERON OCASIONADOS POR LA FALLA EN EL SERVICIO DEL EJÉRCITO": CONSEJO DE ESTADO
Uniformados secuestrados durante la toma de las FARC a la base de las Delicias, el 15 de junio de 1997, el día de su liberación, diez meses después de la acción guerrillera.
El presidente del Consejo de Estado, el magistrado Mauricio Fajardo, aseguró que el Ejército no tomó las medidas mínimas para prevenir o repeler el ataque a Las Delicias.
En la noche de este lunes el Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar 1.700 millones de pesos a familiares de cuatro militares heridos en el ataque de las FARC a la base de Las Delicias.
El presidente del Consejo de Estado, el magistrado Mauricio Fajardo, le dijo a Caracol Radio que con esa condena, la primera al Estado por una incursión guerrillera a una base militar, se está sentando jurisprudencia sobre el asunto.
Fajardo sostuvo que el apoyo militar llegó después de terminada la toma.
"El Consejo de Estado concluyó que los daños que se presentaron fueron ocasionados por la falla en el servicio en que incurrió el Ejército Nacional, evidenciada por no haber tomado las medidas de prevención mínimas para poder prevenir un ataque o repelerlo", explicó el jurista.
Para el Consejo de Estado, "días antes del ataque no se realizó ninguna clase de patrullaje para garantizar la seguridad de la base, no había alarmas tempranas, el armamento del Ejército falló, era un armamento que no estaba en buenas condiciones".
El jurista rechaza la falta de preparación de la tropa: "La tropa no estaba preparada para poder hacer frente a la guerrilla, cuando se inició el ataque, el 30 de agosto, dieron aviso desde la base de Las Delicias a los mandos militares, al batallón de selva 49 y a otros, pero el apoyo solamente llegó al día siguiente a las 2 de la tarde".
El magistrado insistió en que "se está sentando jurisprudencia, pero simplemente hubo un paso adicional en una jurisprudencia que se viene dando desde hace años".
Ante la decisión del Consejo de Estado, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, se mostró preocupado. "No deja de ser preocupante una vez más que las providencias estén condenando al Estado", reiteró Vargas en entrevista con Caracol Radio tras advertir que no ha leído la sentencia y que sea cual sea la determinación, la respeta.
Vargas aclaró que no está atacando el sistema judicial y que como es costumbre del Gobierno, no opinará sobre sentencias judiciales.
Mientras tanto, el expresidente Ernesto Samper, en cuyo mandato se presentó el ataque a la base militar, rechazó también la decisión del Consejo de Estado.
Para el exmandatario, es preocupante que ahora se revisen todas las operaciones militares para saber si hubo omisiones. Según Samper, dicho ataque no fue predecible ni se conocía por parte del Ejército.
"Es imposible pensar que los 100 soldados, con un apoyo que no pudiéramos prestarles, hubieran podido resistir el embate", indicó.
Samper, en diálogo con la misma emisora, admitió que no comparte la decisión del Consejo en torno a que la sola existencia de la base antinarcóticos generaba un riesgo para todos los que la protegían y en sus alrededores.
"El concepto del Consejo de Estado literalmente es que el Estado creó la situación de riesgo, por la existencia de la base militar de Las Delicias. Es peligroso que aceptemos que la sola presencia de la base militar por la lucha contra los guerrilleros y 'narcos' es una situación de riesgo, si precisamente es el deber del Estado", insistió.
El expresidente advirtió que no conoció "los procesos logísticos de esa operación", pero que la base militar estaba dotada de ayuda tecnológica y refuerzos de otros batallones del Ejército, como la base de Tres Esquinas.
"La información que yo recibí, pasadas pocas horas, es que la base había sido copada porque se trataba de una incursión de la guerrilla de entre 600 y 800 guerrilleros contra 110 soldados que estaban defendiéndola", explicó.
Samper explicó que debido a circunstancias climáticas, no llegó el apoyo aéreo al lugar.
El comandante del Ejército en esa época, el general en retiro Harold Bedoya, también rechazó el fallo del Consejo de Estado y reconoció que el ataque respondió a una acción terrorista.
Para el retirado general Bedoya no hubo falta de entrenamiento de los militares que protegían la base. "Era lo que teníamos y el país no tenía más. Estábamos en guerra", manifestó en Caracol Radio.
Bedoya explicó que aunque el ataque "no fue anunciado", las Fuerzas Militares conocían cómo actuaban.
CONGRESO APRUEBA AUMENTAR LAS PENAS A MENORES DELINCUENTES
La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate el llamado estatuto de seguridad ciudadana, una herramienta que el gobierno había reclamado en su lucha contra las bandas criminales.
Fue aprobado en último debate el estatuto de seguridad ciudadana. Una herramienta que modifica el código penal y el de infancia y adolescencia y que el Gobierno considera clave para enfrentar a las bandas criminales.
El gobierno de Juan Manuel Santos consiguió en la noche de este lunes que el Congreso le expidiera el conjunto de normas que considera determinantes para enfrentar el fenómeno de las bandas criminales, una de las principales amenazas a la seguridad nacional.
La plenaria de la Cámara de Representantes, tras una prolija jornada, aprobó en último debate el llamado estatuto de seguridad ciudadana, un proyecto que con 113 artículos pretendía modificar los códigos penal y el de infancia y adolescencia.
Con una votación de 84 a favor y 4 en contra, el proyecto pasará a conciliación con el Senado y probablemente, en el mes de junio, el estatuto de seguridad ciudadana se convierta en otra de las leyes que sancione el presidente Santos.
Según el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, el objetivo del gobierno era adaptar estas normas a los “nuevos desafíos” que suponen las nuevas modalidades de criminalidad común.
Aumenta la responsabilidad de menores en delitos
Quizás el punto más neurálgico del estatuto, y que había amenazado la viabilidad de la iniciativa, se concentraba en la imputabilidad de delitos a los menores de edad.
Hoy, amparados en el código de infancia y adolescencia, aquellos menores de 18 años asociados a conductas criminales sólo podrían permanecer en lugares de reclusión especiales hasta los 21 años, momento en el cual recuperarían la libertad.
Según la norma aprobada en último debate por la Cámara de Representantes, los menores de edad que incurran en delitos como secuestro y homicidio se les imputará cargos, se les aumentará las penas, que van de dos a ocho años de cárcel, y en el momento en que cumplan los 21 años no podrán recuperar su libertad hasta tanto no cumplan con la sanción impuesta por el aparato de justicia.
Para el ministro del Interior, las nuevas estructuras criminales han recurrido al uso de menores para la práctica de delitos, y amparados en las actuales disposiciones del código de infancia, “los han convertido en auténtica carne de cañón”.
La nueva disposición, ampliamente discutida en el Congreso, pues muchos sectores políticos advertían los peligros de esta modificación, finalmente fue aprobada en el sentido que lo había reclamado el gobierno.
Pero también la futura ley dispuso sanciones más drásticas para aquellos adultos que utilicen a los menores y trafiquen con ellos. La disposición aprobada por el Congreso aumenta las penas de prisión para esta conducta que, en adelante, tendrá las mismas sanciones que el delito de secuestro.
En consecuencia, el tráfico de menores de edad será castigado con hasta 30 años de cárcel. También contempla cárcel de entre 10 y 16 años para las personas que utilicen a los menores de edad para cometer un delito, mientras que la utilización de los niños en labores de mendicidad causará prisión de entre 7 y 12 años de prisión.
Todo esto fue posible porque la norma incluyó en el código penal dos nuevos tipos penales: el tráfico de menores y el uso de menores para la comisión de delitos.
Allanamientos las 24 horas del día
Pero el estatuto de seguridad ciudadana no se concentra exclusivamente en este capítulo. Uno de los nuevos avances, reconocidos por el gobierno, es que se elimina la prohibición que tenían los organismos de policía judicial de adelantar allanamientos en horario posterior a las seis de la tarde.
La norma aprobada establece que los operativos y allanamientos podrán realizarse durante las 24 horas con previa orden judicial y con acompañamiento de la Procuraduría.
El año pasado, algunos jueces de control de garantías tuvieron que dejar en libertad a personas señaladas de tráfico de armas porque los allanamientos se produjeron en horas de la madrugada.
El ministro del Interior explicó que el “crimen no tiene horario” y esta nueva disposición es una herramienta que venían reclamando los organismos de policía judicial.
Jueces nacionales de control de garantías
Como una nueva herramienta para la judicialización de las llamadas ‘bacrim’, así calificó el gobierno la nueva disposición que crea jueces nacionales de control de garantías y que tendrán la facultad de operar en cualquier lugar del territorio nacional.
La medida busca que aquellos miembros de estas bandas criminales puedan ser judicializados por jueces distintos a los de la región donde fueron capturados.
Según el gobierno, la medida busca independencia y garantías por parte del aparato judicial pues las presiones de estos grupos han expuesto a los jueces de determinados lugares que ante la intimidación y la amenaza se han visto obligados a no judicializar a algunos delincuentes.
Gobierno podrá trasladar procesos
En ese mimso sentido, otra de las disposciones que saludó con beneplácito el Ministro del Interior es que el nuevo estatuto de seguridad ciudadana le permite al gobierno cambiar la radicación de procesos y expedientes.
En adelante, casos que lleven algunos jueces en determinadas regiones podrán ser conocidos en otros lugares del país. También busca la protección de los funcionarios y la independencia de las investigaciones.
Por ejemplo, en casos tan sonados como el del homicidio y violación de tres niños en Tame, Arauca, que llevaba la asesinada juez Constanza Gaona, el gobierno no tendrá que solicitar a la Corte Suprema el cambio de jurisdicción del proceso. Ahora será facultad del Ejecutivo.
Uno de los objetivos del gobierno es concentrar en la capital los casos más neurálgicos que comprometan a jefes de las bandas criminales y blindar estos procesos de posibles presiones en las respectivas regiones.
Cárcel al tráfico de celulares robados
Aunque este capítulo fue aprobado el 25 de mayo, el estatuto de seguridad ciudadana contempla un capítulo especial para enfrentar el robo de celulares. Además de aumentar penas para este delito, la ofensiva del gobierno es inutilizar aquellos aparatos que hayan sido hurtados.
Para ello se aprobó sanciones de 6 y 8 años de cárcel a quien manipule, remarque o modifique los terminales móviles de los celulares, o el código único de identificación, denominado IMEI.
Aumento de penas al tráfico de armas
Con la aprobación del proyecto también se estableció que se penalizará la fabricación, el tráfico y el porte de armas o municiones. Quienes incurran en estas prácticas pagarán cárcel de nueve a doce años.
Esto incluye los accesorios y partes esenciales y las armas de fabricación artesanal. El aumento de la pena al porte ilegal de armas fue una herramienta para que no se convierta en delito excarcelable.
La Fiscalía había reclamado este tipo penal pues muchos casos el porte de armas o de la sola munición no constituía en prueba suficiente para judicializar sicarios.
Fiscalía, con mayor planta
Otra de las peticiones de la Fiscalía, y aprobada en último debate por la Cámara de representantes, era las facultades extraordinarias al gobierno para que cree en la Fiscalía los puestos de trabajo necesarios para combatir la delincuencia conforme a las nuevas conductas penales que se establecen en esta ley.
Uno de los propósitos es aumentar la planta de la nueva unidad especializada en bandas criminales.
Sanciones a las protestas
El gobierno dice que el código de seguridad ciudadana no pretende criminalizar las manifestaciones públicas de protesta. Pero sí serán objeto de sanción aquellas que obstaculicen vías de comunicación y servicios públicos esenciales.
Por ejemplo, el reciente paro camionero del mes de febrero tendría sanciones penales, pues constituiría en el obstáculo para el transporte de alimentos y productos esenciales.
Quienes bloqueen servicios como teléfonos, electricidad, acueductos, gas y similares, también serán sancionados.
RESPETE A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
Por Gilma Jiménez Gómez*
El Señor José Flórez usa a los niños y a las niñas víctimas de atrocidades para señalarme de oportunista. No le pido respeto para mí, sino se lo exijo por la memoria de los miles de niños y niñas asesinados en episodios de violencia sexual y maltrato severo.
Para atacar virulentamente un sector del Partido Verde que no piensa como él y no maneja el maniqueísmo, el fundamentalismo, la calumnia y el irrespeto personal como instrumento de la política, el señor José Flórez, a quien ni conozco, usa a los niños y a las niñas víctimas de atrocidades para señalarme de oportunista.
Cuando noto desinformación, suelo responder con argumentos de fondo las columnas que manifiestan desacuerdo con el referendo de iniciativa popular, que busca castigar hasta con la prisión perpetua a quienes atentan contra la vida, la integridad física y moral, y la libertad de los niños y niñas. Este caso no amerita ese esfuerzo. Pero sí responder puntualmente las agresiones intolerables del señor Flórez, quien usa a los menores y abusa para ello de un medio de comunicación.
1. Quien escribe en un medio de comunicación tan importante y sobre un tema tan delicado por lo menos debe estar informado o no decir mentiras. Mi campaña no fue basada en la “lucha contra la corrupción” sino en la defensa de los niños y niñas y sus derechos. Causa en la que llevo muchos años de trabajo y que apoyan millones de Colombianos, para fortuna de los menores. El eslogan de mi campaña y mi causa de vida fue y será: “Primero nuestros niños y niñas”.
2. De las agresiones del señor Flórez queda en evidencia que nunca se ha ocupado del tema de la violencia contra los menores, de la cual obviamente nada sabe y por supuesto ni siquiera le conmueve, y solo se dedica a desdibujar y desconocer a quienes sí proponemos algo concreto frente a esa vergüenza social.
3. Él, como otros pocos, están más preocupados por construir extrañas explicaciones y justificaciones seudosociales y seudoterapéuticas para explicar la violencia atroz contra los niños y las niñas y parecen más preocupados por sus verdugos. ¿Será que con esos extraños análisis lo que buscan es que no hagamos nada?
4. La mayor parte de su columna, la dedica a hacer un complejo e ininteligible análisis de la política penitenciaria, cuestiona la sanción, las cárceles y su infraestructura, y en general todos los aspectos que rodean las decisiones punitivas. Cuestiona todo y no propone nada. Y como otros, pocos por fortuna, califica de venganza el elemental y civilizado derecho de exigir justica para los niños.
5. Es obvio que desconoce una propuesta que lleva más de 4 años de un amplio debate nacional (la mayor parte respetuoso con la causa y las personas aun estando en desacuerdo), que no entiende lo que ya decidimos millones de Colombianos, y es que no vamos a seguir silenciosos, indolentes e indiferentes frente a los miles de niños y niñas a los que les vulneran sus derechos fundamentales, y menos cohonestando con esas actitudes la impunidad, sencillamente porque están destruyendo nuestro más importante capital social y humano.
6. Que alguien se pueda imaginar a cualquier persona y particularmente una como yo, sonriente en una oficina y pensando en votos, mientras todos los días escucha y conoce las más inimaginables atrocidades que sufren miles de niños en este país, es poco menos que enfermo. Por esa razón tengo muy poco de que reírme en mi trabajo.
Por lo anterior, señor Flórez, no le pido respeto para mí, el cual merezco, sino se lo exijo por la memoria de Katerine, Camilo, Yulieth Xiomara, Valentina, Andrés y los miles de niños y niñas más, asesinados en episodios de violencia sexual y maltrato severo, entre otras, en manos de sus propios padres, tíos, abuelos, primos y conocidos. Y tenga por lo menos un poco de consideración con los millones que han sido o son víctimas de violencia sexual, maltrato severo y secuestro, los delitos que vamos a castigar hasta con Prisión Perpetua.